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La Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medio de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, hace referencia en su exposición de motivos a “la exigencia de publicidad como rasgo inherente del Estado de Derecho, a través del cual las normas tienen que ser accesibles a toda la ciudadanía […]”, lo que pone de manifiesto la necesidad ineludible de abordar trabajos como el que ahora se materializan para nuestra Constitución que, en tanto que norma básica y fundamental de Estado, constituye la piedra angular sobre la que pivota todo el ordenamiento jurídico español.

Mediante la publicación de la Constitución Española de 1978 en lengua de signos española y lengua de signos catalana se da un paso importantísimo en el esfuerzo de llevar el contenido de nuestro marco jurídico de convivencia a las personas sordas, que deberá tener su continuación en la publicación de las leyes y normas fundamentales y básicas que sustentan todo el entramado legal que permite el desarrollo de una sociedad libre y democrática, haciéndolo así plenamente accesible a las personas sordas.

Para la comunidad sorda de nuestro país se elimina así un obstáculo más facilitando el acceso a nuestra Constitución que servirá sin duda para promover y facilitar el conocimiento de su contenido ampliando de forma notable las posibilidades reales de las personas sordas para el ejercicio pleno de sus derechos y deberes, al tiempo que facilitará una mejor comprensión de nuestro ordenamiento jurídico.

Cobran pleno sentido así las disposiciones de la Ley 27/2007 en cuanto que se avanza un paso más en la materialización en la práctica de sus previsiones y disposiciones en relación al reconocimiento legal las lenguas de signos españolas, no obstante lo cual, aún deberán darse nuevos pasos en el largo y difícil recorrido de la normalización en su sentido más amplio de las lenguas de signos españolas. Al mismo tiempo, la lengua de signos, en tanto que lengua natural de las personas sordas, da así un nuevo ejemplo de madurez y plena validez para la transmisión de información y conocimiento, plenamente equiparable a cualquier otra lengua.

Por último, la presente versión de la Constitución Española en lengua de signos española y lengua de signos catalana se constituye como un poderoso instrumento que facilitará a las personas sordas no sólo el conocimiento de nuestra norma fundamental sino también la plena comprensión de sus contenidos y su relación con su vida cotidiana.

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